Un impuesto al consumo de 2% para la venta de viviendas de más de $888 millones es el que se propone desde la Ley de Financiamiento, causando molestias a varias asociaciones y empresas, que ya han manifestado y expresado su desacuerdo con esta nueva Ley.
Los primeros han sido los miembros de la Federación Colombia de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) la cual explica que no ve razonable gravar con este impuesto la venta de viviendas, pues esto supondría un fuerte retroceso en el sector inmobiliario a nivel de informalidad y malas prácticas.
Motivos de protesta ante la Ley de Financiamiento y el impuesto a la venta de viviendas
Una de las razones que dan desde Fedelonjas para defender su postura ante lo que dicen es, una propuesta antitécnica; es que la vivienda usada no puede relacionarse con el Impoconsumo porque no hace parte de ningún proceso de actividad económica, tampoco es producción, comercialización ni importación; además de no ser un consumible.
La proposición por parte del Gobierno incluye tanto a viviendas nuevas como usadas, y son éstas últimas las más propensas a generar un comportamiento desleal, puesto que las personas naturales irán en la búsqueda de escrituras por precios inferiores al real para evitar pagar dichos impuestos; sumado a ello, también los clientes que deseen vender su casa no van a querer contratar profesionales inmobiliario, pues esto les supondría más costos además de tener que pagar los impuestos de ley, los gastos de registro y escrituración, retefuente o impuestos de beneficencia.
El proyecto de Ley de Financiamiento también incluye un artículo que permitiría llevar a la cárcel a quienes sugieran o ayuden a un contribuyente para eludir sus responsabilidades tributarias.
El panorama no cambia para la venta de vivienda nueva, después de la aprobación del IVA en la reforma tributaria de 2016 para viviendas con un valor superior a $800 millones, hubo un desequilibrio en el mercado, ya que los vendedores han tenido que hacer un contrato de compraventa por un precio menor a $800 millones por obra gris y otro por la diferencia para los acabados; promoviendo la evasión de impuestos.
Consecuencias directas de la Ley de Financiamiento en la economía colombiana
Cabe recordar que de hacerse realidad la Ley de Financiamiento, se eliminaría la tarifa única del IVA y el 4×1000 para las empresas; las empresas de cervezas y bebidas azucaradas tendrán un Iva impuesto de 19%, para la venta de motos con cilindraje inferior a 200cc un impuesto de 8%. Para las personas naturales que reciban más de $40 millones al mes un 35%, 37% y 39%; el impuesto al patrimonio para quienes tengan un monto superior a $5.000 millones una tarifa del 1,5%; el impuesto a los dividendos pagados a accionistas que residan en Colombia incrementaría hasta el 15%.
Como conclusión, las empresas del sector inmobiliario y propiedad raíz se verán afectadas directamente. Por una parte, las constructoras que vendan vivienda tendrán impuestos también por los ladrillos y la arcilla, aumentando el valor de la construcción lo que afectaría el nivel de demanda y sin esta, la empleabilidad también sufriría un fuerte golpe.
En 2017, las remodelaciones y reparaciones de viviendas crecieron en 0,9%
Por otro lado, el crecimiento que ha tenido este sector durante los últimos años se podría desacelerar por las barreras impuestas a personas que necesiten o quieran vender o comprar vivienda usada, ese 18% podría afectar a la clase medida del país con respecto a la adquisición de propiedad raíz y también al progreso de la vivienda social, pues se perderían los incentivos tributarios, según Sandra Forero presidente de Camacol; esta Ley pondría en riesgo la construcción de 100 mil viviendas de interés social para el año 2019, de la misma manera que el IVA en las viviendas de alto coste supondría un freno para las personas que quieran vender o comprar.
La votación de la ponencia de la Ley de Financiamiento en las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes se inició el pasado jueves 29 de noviembre y tendrá plazo hasta hoy martes para evitar que el Congreso deba citar a sesiones extra en diciembre.
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